Depreciación de inmuebles en zonas afectadas, mayor demanda en zonas que no dependan del sistema Cutzamala y aumento en el precio de las viviendas con ecotecnias, serían los efectos de la crisis de agua en el sector
En el 2023, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) pronosticó que el “Día Cero”, es decir, la fecha en la que la Ciudad de México se quedaría sin agua suficiente para sus habitantes, llegaría en junio del 2024.
Si bien, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, ha refutado la idea y asegura que la urbe cuenta con una red diversificada para el suministro de líquido vital, en los últimos meses han surgido más preocupaciones en torno a la crisis de agua ante los bajos niveles del Sistema Cutzamala.
Al respecto, Fernando Bustamante, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales (CIP) del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), explicó que la problemática afectará la toma de decisiones de desarrollo habitacional en el futuro cercano.
De acuerdo con el experto, pese a que ninguna de las alcaldías de la Ciudad de México es inmune a la crisis, algunas de las más afectadas han sido Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tlalpan.
“Lo primero que calculamos va a pasar es que la gente no le va a encontrar valor a las propiedades ubicadas en estas zonas, lo que va a terminar es depreciando los costos de las viviendas para darle un mayor valor momentáneo a las rentas. Además, se comenzarán a demandar espacios en zonas que no dependan del sistema Cutzamala”, comentó Bustamante en entrevista.
Por su parte, Jesús Ramón Orozco de la Fuente, director general de Tinsa México, apuntó que la escasez de agua será un tema relevante en el desarrollo inmobiliario, ya que las estrategias que las empresas constructoras tomen podrían impactar a los consumidores finales.
“Las personas no van a querer comprar en donde haya fallas de abastecimiento, salvo que los desarrolladores implementen soluciones sustentables, como sistemas de recolección de lluvia y tratamiento de líquido. Pero eso va a encarecer el precio final de las casas y departamentos”, añadió el experto.
Infraestructura antes que licencias
Para Bustamante, es imprescindible un cambio en la cultura del sector inmobiliario y las entidades de gobierno vinculadas al mismo, ya que se debe regular la sobreexplotación de zonas saturadas y sin infraestructura suficiente para el abastecimiento de agua.
“Las autoridades deben dar la licencia de construcción después asegurar que el lugar va a recibir el agua necesaria para las familias, pero en la práctica, se hace al revés. Zonas como Polanco, cerca del Museo Soumaya, crecieron de manera drástica con edificios residenciales enormes y, luego, se realizaron múltiples obras para reforzar tuberías”, dijo el también fundador de AB Inmobiliaria.
Según el experto, esta dinámica en el sector ha provocado que los proyectos inmobiliarios enfrenten quejas por falta de agua de los primeros inquilinos en adquirir un inmueble, por lo que “les cuesta mucho trabajo terminar de vender sus departamentos”.
Cabe mencionar que, en la Ciudad de México, el inventario disponible es de 24,000 unidades, de las cuales 98% son departamentos y los desarrollos tienen un tamaño promedio de 52 unidades, según el informe “Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México” al cierre del primer trimestre del 2024.
¿Qué propone el nuevo gobierno?
Durante su campaña política, la ahora jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, indicó que la “voracidad inmobiliaria de políticos corruptos” ha sido una de las agravantes de la crisis de agua en la Ciudad de México.
En palabras de la abanderada del partido Morena, “las construcciones de edificios han cambiado la composición de las colonias: donde antes había una toma para una casa, ahora son grandes edificios de 50, 100 o más departamentos; además, se dan licencias irregulares que hacen más grave la escasez".
El “Día Cero” se mantiene como una incógnita, pero Brugada prometió imponer un récord en inversión pública al aumentar 20% los recursos para infraestructura hídrica, movilidad, seguridad, entre otros, durante su administración.
De esta forma, la inversión pasaría de 160,000 millones de pesos de la administración actual a 192,000 millones de pesos para el siguiente gobierno; además, propuso crear un Cabildo Metropolitano para brindar soluciones "más allá de las fronteras administrativas".