La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) se encuentra a la espera de que se presente una iniciativa en la Cámara de diputados, proveniente de un paquete de cambios legislativos que trabaja la Secretaría de Economía, que busca dotarles de mayor seguridad legal en el momento de realizar algún reclamo contra un cliente moroso o que incluso retenga la devolución de una de sus unidades.
Alberto Gómez, recién nombrado presidente de AMAVe (2022-2024), indicó que esta problemática, aunque aún es mínima, es lo suficiente para encender alertas y tener medidas de control ante su posibilidad de crecimiento.
“Si no me paga [un cliente por un arredramiento] y además pierdo el activo, tengo dos pérdidas”, indicó a medios de comunicación al término del evento donde se tomó protesta a la nueva presidencia de la AMAVe y su Consejo.
Mauricio Medina, presidente saliente de la AMAVe, precisó que se trata de un cambio en el Código de Comercio donde se establece la ejecución de “medidas preventivas para recuperar las unidades más rápido en caso de un fraude y o un retraso en cuentas por cobrar de un cliente”.
El también director general de TIP México indicó que hay casos en que una unidad puede recuperarse en un periodo de 4 a 5 años con el actual sistema judicial, tiempo en el que se van sumando pérdidas económicas para las empresas. La iniciativa pretende reducir esta situación a entre 3 y 4 meses. Medina calculó que estos conflictos pueden presentar el 3% del parque vehicular actual arrendado.
Desde su fundación en 2015, esta asociación ha buscado hacer más visible la importancia del arrendamiento vehicular para las empresas y su peso dentro de la economía mexicana. En total, los socios de la AMAVe emplean a 4,000 personas de manera directa y calculan a otras 30,000 indirectas.
Los 22 socios de este organismo empresarial suman 254,000 vehículos a disposición de sectores como el turístico, de grandes flotillas -más ahora con el aumento de entregas de productos para la última milla del comercio electrónico- y de industrias como el autotransporte y las empresas que demandan este tipo de unidades pesadas y equipo de arrastre para el movimiento de sus mercancías.
De acuerdo con la Dirección Federal de Autotransporte Federal (DGAF), una oficina de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta agosto de 2021 el parque vehicular registrado proveniente de un servicio de arrendamiento sumaba 54,153 unidades, divididas en 18,180 unidades motrices (33.6%) y 35,973 unidades de arrastre (66.4%). Un 95.6% de ellas está contratada por empresas de autotransporte grandes.
