Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la asociación, apunta a que aún no existen políticas de estímulo fiscal ni incentivos para que los consumidores puedan adquirir un vehículo eléctrico.
“El gobierno se ha centrado en promover la inversión en la industria en la fabricación de vehículos eléctricos”, indica en marco del evento titulado “Movilidad eléctrica y sostenible en México”, organizado por Portal Movilidad.
Y agrega: “No existe interés en adoptar la movilidad eléctrica para el consumo interno. Estamos ausentes de acciones de carácter gubernamental”.
El dirigente menciona a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) como un ejemplo de “errores de concepción” en el tratamiento del sector.
Vale mencionar que la hoja de ruta fue impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
“Hay ausencia de conceptos básicos como son los estímulos fiscales. Si partimos de un mal diagnóstico todo lo demás tiene un mal planteamiento”, sentencia Rosales.
En ese sentido, describe que existe una “falta de diálogo constructivo” y que la ENME plantea objetivos que no se corresponden con las cifras actuales del sector.
La ENME indica que para el año 2030 debe haber en circulación siete millones de vehículos eléctricos ligeros y 380 mil unidades de transporte pesado.
En ese sentido, argumenta que ese número representa el 80% del total de vehículos vendidos de aquí a esa fecha.
“Es totalmente ideal si partimos al dato del cierre del 2022 en donde la participación de los vehículos 100% eléctricos ligeros no llegó al 0,5% del total de las ventas. No tiene realidad”, expresa Rosales.
En torno al tratamiento del tema por parte del Poder Ejecutivo, caracterizan una “ausencia de interés” durante los cinco años de gestión.
En torno a la acción de las distintas carteras del gobierno, Rosales matiza que han existido esfuerzos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Cabe recordar que la cancillería publicó la hoja de ruta para la electrificación del transporte de carácter binacional con Estados Unidos.
A su vez, desde la gestión se impulsaron inversiones como la de Tesla en Nuevo León, entre otras firmas que se han interesado en la colocación de sus capitales en el Plan Sonora.
Las empresas que componen la asociación de concesionarias interpretan que han sido “esfuerzos aislados” y que se corresponden con las aspiraciones presidenciales del excanciller Marcelo Ebrard.
Respecto a la Secretaría de Economía encabezada por Raquel Buenrostro, Guillermo Rosales la cataloga como una actividad de promoción de inversiones en industria, pero no de adopción de vehículos en el mercado interno.
En relación a la SEMARNAT, sentenció una “ausencia de calidad en sus actividades”.
La asociación planea trabajar en una “verdadera agenda de movilidad eléctrica” con la próxima administración.
El titular de la asociación de distribuidores indica que se está trabajando en ello en conjunto con la industria de fabricantes y autopartes.
Sin embargo, Rosales indica que apuntan a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador a los fines de abordar esta temática. Al respecto, admite que aún no han concretado cita.
Nuevos modelos de negocio en la electromovilidad: ¿Corren riesgo las concesionarias?
El surgimiento de nuevos esquemas de adquisición directos como el de Tesla, hace surgir el cuestionamiento sobre la vigencia del modelo de concesionarios.
Frente a ello, Rosales entiende que existe una transición no solo de negocios, sino también de modelos de negocios.
“Tesla ha sido un referente en innovación en este modelo, pero destaco las particularidades que implica atender un mercado tan complejo como es el mexicano”, explica el titular de AMDA.
Y amplía: “Están presentes diversidades geográfica, socioeconómica, etc. El servicio de postventa en regiones apartadas en ciertos lugares de México sería muy difícil universalizar en un solo modelo”.
En ese sentido, refuerza la vigencia de los concesionarios en relación a las facilidades administrativas que resuelven desde el sector.
Desde AMDA se refieren a que en el país existe una “burocracia extrema”, en relación a exigencias regulatorias como el registro público vehicular, la prevención de lavado de dinero, entre otros puntos.
“El servicio que el distribuidor brinda en el servicio de postventa y también al fabricante de facilitación administrativa es fundamental para el caso de estos mercados”, expresa Rosales.
