La ampliación por tres meses al programa de regularización para autos usados de procedencia extranjera concedido por el gobierno federal podría convertirse en un “arma electoral” para el partido en el poder rumbo al 2024, que pondrá en riesgo al sector automotriz y la industria nacional para la generación de empleos e inversiones en la reconversión hacia la electrificación, así como el contrabando, advirtió el sector empresarial.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar hasta julio el decreto para importar autos usados de Estados Unidos y Canadá, ya que está el riesgo latente de que se extienda durante el resto del sexenio.
“Dentro del decreto se encuentran 14 entidades federativas sin estudio técnico que acredite (la regularización de vehículos) y con riesgo de que se haga extensivo a todo el territorio nacional, y hay un objetivo electorero detrás de todo esto y de cara al 2024”, acotó el dirigente de los distribuidores.
El presente decreto automotriz vence el próximo 31 de marzo, luego de su vigencia del 19 enero del 2022 y diversas prórrogas, bajo el cual han ingresado al país 1 millón 319,438 unidades ilegales, cifra por arriba de 1 millón 132,751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023 (periodo similar).
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, sostuvo que dicha medida ha puesto en riesgo al sector automotriz y a sus empleos a cambio de una medida político-electoral y recaudatoria, cuya muestra es que ha recibido ingresos excedentes por más de 3,000 millones de pesos por la legalización de los “autos chocolate”.
“Cuando se publicó el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el 19 de enero de 2022 el Presidente AMLO se comprometió a ayudar a la gente y acabar con este problema, la realidad es que a raíz de este programa ha provocado una serie de fraudes a la población por personas y organizaciones que prometen tal regularización ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular para atender la demanda y el fenómeno de los vehículos de contrabando se ha incrementado ante la omisión de cerrar la frontera a este tipo de unidades”, afirmó Rosales.
Este anuncio del Ejecutivo federal confirma lo que advertimos hace poco más de un año, expresó el presidente de la Coparmex, “que la ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores”.
